El rumbo de la política migratoria con Piñera

El pasado 17 de diciembre de 2017, en lo que se esperaba que fuera una segunda vuelta reñida, Sebastián Piñera (centro-derecha) se convirtió en Presidente Electo de Chile para el período 2018-2022 por más de 9 puntos de ventaja sobre Alejandro Guillier (izquierda), lo que implicará un cambio de rumbo en las políticas públicas, al menos, durante los siguientes 4 años.

Piñera recibe un país con un poco más de 17,5 millones de habitantes (cifras definitivas del Censo 2017), de los cuales alrededor de 465.000 son extranjeros, correspondiendo al 2,64% de la población.

Este porcentaje ha ido en constante crecimiento durante los últimos años pasando del 0,79% en el Censo de 1992, al 1,22% en el Censo 2002 y al 2,04% en el polémico Censo de 2012, que luego el Instituto Nacional de Estadísticas anuló, pero que es, al menos, un punto de referencia.

Aún con la creciente ola de inmigrantes, Chile, con menos de 3% de población extranjera, está muy por debajo del porcentaje de inmigrantes considerado como “peligroso” para el desarrollo de un país, que muchos expertos sitúan en un 9%.

Desde el punto de vista de las políticas migratorias, el triunfo de Piñera supone un cambio casi inmediato de los procesos como los conocemos hasta el momento, pero… ¿Hacia dónde estaría enrumbado ese cambio?

Recordemos que Piñera fue presidente en el periodo 2010-2014 y que, durante su mandato, en el año 2013, entró al Congreso una propuesta de reforma de ley para el ámbito migratorio. Basta con desempolvar un poco ese proyecto para intentar predecir el destino de las políticas migratorias en Chile, ya que se supone que la corriente de ideas sigue en la misma dirección.

El foco de este proyecto (que nunca vio luz) era claramente apalancar la economía nacional a través del trabajo de los extranjeros, en contraste con la Ley de Migración actual, vigente desde el año 1975 y basada en la ideología Pinochetista con claro foco en la defensa y seguridad de Chile, modelo que ha demostrado no funcionar en la época actual y que necesita ser reformado con suma urgencia para evitar las arbitrariedades que se han visto durante el último año, sobre todo en temas delicados como los rechazos de visas y las posteriores solicitudes de reconsideración.

Uno de los aspectos más importantes que consideraba era la creación de un estatus migratorio temporal que permitiera a los extranjeros venir al país a realizar “trabajos de temporada” por periodos determinados, sin la posibilidad de aplicar luego a la permanencia definitiva, lo cual es un indicador de ese apalancamiento que les comentaba antes, no necesariamente beneficioso para ambos lados.

Piñera siempre ha hablado de “promover la inmigración en aquellas áreas donde tenemos grandes carencias, como médicos especialistas, por ejemplo” y en este sentido, algunos también le atribuyen la intención entre líneas de “importar mano de obra barata”, sobre todo en los casos donde esas carencias están en sectores bajos de la cadena de producción, como mano de obra para construcciones o el sector agrícola, ya que el proyecto de ley expresamente prohibía a estos inmigrantes temporales optar por otro tipo de visa estando dentro del país y solo podrían reingresar a trabajar, nuevamente en forma temporal, un año después de la última salida.

Como nunca hubo un reglamento para este proyecto de ley, ya que no llegó a ser promulgada, no se conocen con exactitud cuáles serían los mecanismos, ni los detalles logísticos de este estatus temporal que ya de por sí era bastante polémico.

Otro tema fundamental era la logística a la hora de solicitar una visa, ya que trasladaba a los consulados chilenos en el exterior la responsabilidad de ser un canal para los trámites, eliminando el método actual de ingresar como turista al país y una vez obtenidos los requisitos necesarios, solicitar una visa de residencia ante el Departamento de Extranjería y Migración.

Este método es utilizado por numerosos países, en su mayoría los que más restringen la posibilidad de recibir inmigrantes, ya que el filtro, si se puede llamar así, se aplica desde el exterior, en vez de tomar la decisión una vez que la persona se encuentre ya instalada en el país. Aunque por un lado suena como una opción razonable, por el otro abre las puertas a potenciales situaciones irregulares de inmigrantes que por lo engorroso que pudiera ser el trámite, decidan saltárselo.

Si uno analiza las entrevistas que dio Piñera durante la campaña presidencial, se da cuenta que el tema migratorio era pregunta obligada. También es notorio que su opinión no ha variado desde su anterior período presidencial donde declaraba estar “a favor de la migración que viniera a hacer vida y a aportar al desarrollo del país” y “en contra de la migración que viniera a delinquir”, siempre citando temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando y la inmigración irregular, por lo tanto “los que vienen a Chile de forma legal van a ser siempre bien recibidos”.

En junio de 2017, Piñera participó en el programa “Aquí está Chile” transmitido en vivo por Chilevisión, donde dejó varios temas interesantes sobre la mesa, incluido su plan en las fronteras para prevenir el ingreso de personas que tengan tendencia a delinquir, a través de un sistema de información más eficaz, como el que ya tienen implementado en la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), intercambiando datos de antecedentes penales de las personas que estén solicitando entrar al país.

Por otro lado, un tema sumamente delicado durante el programa fue el apartado de salud, donde la periodista Mónica Rincón le cuestiona a Piñera la propuesta de limitar la asistencia médica a los inmigrantes, incluso a los que están en situación regular, cotizando legalmente, hasta tener 2 años continuos viviendo en Chile, a lo cual el Presidente Electo responde vagamente aclarando que “esto excluye a los niños, partos y urgencias y se hace con la intención de impedir que la gente venga a Chile con el único propósito de recibir asistencia médica porque eso a la larga colapsa los sistemas de salud”, y que sí, el período de dos años “puede que sea excesivo y será revisado”.

Ahora, con la victoria de Piñera en las elecciones presidenciales y teniendo prevista su toma de posesión para el 11 de marzo de 2018, es seguro que vamos a ver algún movimiento en este tema, sobre todo porque la cifra de extranjeros haciendo vida en Chile es la más alta de la historia y que la ley actual pide a gritos una reforma.

Si de aprender de los errores del pasado se trata, la nueva ley debería entonces, como mínimo, ser precisa y garantizar la claridad de sus procesos para que, por ejemplo, las decisiones se basen en un criterio universal en vez del criterio de un Analista de Extranjería a la hora de aprobar o rechazar una solicitud de visa, del funcionario en regiones que determine si una oferta laboral es válida, o no, según su óptica del asunto, o del oficial de la PDI al momento de permitir o negar la entrada a alguien en la frontera.

Quedamos en manos del Congreso.